Diagnóstico gratis: 20 preguntas

Entre los principios de la acción preventiva se establece que, si no se pueden evitar los riesgos, deben evaluarse. Esta regla aparece en el artículo 15.1.b de la Ley 31/1995.

La Ley 31/1995 define como potencialmente peligrosos aquellos procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, sin medidas preventivas específicas, originan riesgos para la seguridad y la salud. Así se establece de forma expresa en el artículo 4.5.

Entre las funciones ejecutivas y administrativas del Consell figura nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, pero debe hacerse a propuesta del Conseller correspondiente. Así lo establece el artículo 17.a).

Fuera del tiempo de trabajo, incluidos los periodos de vacaciones, debe respetarse el derecho a la desconexión digital. El artículo 88.1 de la LOPDGDD protege precisamente descanso, permisos, vacaciones e intimidad personal y familiar.

El artículo 16.3 de la Ley 41/2002 ordena que, con esos fines, los datos de identificación personal se preserven separados de los clínico-asistenciales para asegurar, como regla general, el anonimato. Solo cabe no separarlos si el propio paciente lo consiente o en supuestos judiciales previstos por la norma.

El artículo 12.3 de la Ley 33/2011 exige sistemas de alerta precoz y respuesta rápida que garanticen la detección y actuaciones precisas y coordinadas ante amenazas para la salud de la población. La norma no condiciona esa activación a certeza científica absoluta.

La Ley 41/2002 establece como principios básicos que la dignidad de la persona, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad relativa a la información y documentación clínica. Así lo dispone expresamente el artículo 2.1.

La Ley 41/2002 establece expresamente que el titular del derecho a la información es el paciente. Solo se informará también a personas vinculadas por razones familiares o de hecho en la medida en que el paciente lo permita. Artículo 5.1.

La Ley 31/1995 establece expresamente que el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debe recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Es una garantía directa del derecho a la protección eficaz reconocido en el artículo 14.

El artículo 3.2 del Real Decreto 1030/2006 dispone que la cartera de servicios comunes debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, independientemente del nivel asistencial. Ese principio respalda la continuidad cuando el paciente debe ser atendido en otro centro o nivel.

El artículo 30.2 de la Ley 33/2011 establece que las Administraciones públicas implantarán programas de sanidad ambiental. Añade que estarán coordinados por las Administraciones sanitarias.

El artículo 18.d de la Ley 55/2003 reconoce expresamente ese derecho colectivo. La huelga también es un derecho, pero siempre garantizando los servicios esenciales, por lo que las otras formulaciones no se ajustan al precepto.

El artículo 55.2 de la Ley 16/2003 dispone expresamente que la información necesaria para la elaboración de estadísticas de las actividades sanitarias se recabará tanto del sector público como del privado. Por ello, la obtención de datos no se limita al ámbito público.

La historia clínica tiene como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de los datos que permitan un conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. Si se omiten datos útiles, se frustra esa finalidad asistencial. Artículo 15.

El artículo 2.5 de la Ley 41/2002 impone a pacientes y usuarios el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o salud de manera leal y verdadera. Además, deben colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.

La Ley 31/1995 establece que la evaluación de riesgos será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo. Además, se revisará si fuera necesario con ocasión de daños para la salud, conforme al artículo 16.2.a.

El artículo 69.1 de la Ley 16/2003 define al Consejo Interterritorial como órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información. Añade que su finalidad es promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud mediante la garantía efectiva y equitativa de los derechos ciudadanos en todo el territorio.

El artículo 3.2 de la Ley 40/2015 dispone que las Administraciones se relacionarán por medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas y que garanticen la protección de los datos de carácter personal. También añade que facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Esa es la opción correcta.

El artículo 6 del Real Decreto 487/1997 obliga al empresario a garantizar una vigilancia adecuada de la salud cuando la actividad habitual suponga manipulación manual de cargas y concurran los factores del anexo. Además, dicha vigilancia debe ser realizada por personal sanitario competente.

La ley atribuye a los Consellers la potestad reglamentaria en las materias propias de su Conselleria. Esa potestad se ejerce en forma de Órdenes de la Conselleria, según el artículo 28.e.