La Constitución Española de 1978 (I): Título preliminar; Derechos y deberes fundamentales; La Corona; Las Cortes Generales.

El título preliminar

La Constitución Española de 1978 abre con un título preliminar de nueve artículos que fija las decisiones políticas fundamentales. El artículo 1 declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; y que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria art. 1.

El artículo 2 se apoya en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas art. 2. El artículo 3 proclama el castellano como lengua española oficial del Estado, con el deber de conocerla y el derecho a usarla, y añade que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos; la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección art. 3.

Completan el título preliminar la bandera (tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas) art. 4, la capitalidad del Estado en la villa de Madrid art. 5, los partidos políticos como expresión del pluralismo político, cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos art. 6, los sindicatos y asociaciones empresariales art. 7, las Fuerzas Armadas art. 8 y, cerrando el bloque, el artículo 9, que somete a los ciudadanos y a los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, encarga a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos art. 9.

Derechos y deberes fundamentales

El título I se abre con el artículo 10: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social; y las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España art. 10. El capítulo I regula los españoles y los extranjeros: la nacionalidad, que ningún español de origen podrá ser privado de ella art. 11, la mayoría de edad a los dieciocho años art. 12 y el régimen de la extradición y el asilo art. 13.

La sección 1.ª del capítulo II (artículos 15 a 29) contiene el núcleo duro: derecho a la vida y a la integridad física y moral, con abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra art. 15; libertad ideológica, religiosa y de culto, sin que nadie pueda ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias art. 16; libertad personal, con la detención preventiva limitada al tiempo estrictamente necesario y un plazo máximo de 72 horas, y el habeas corpus como remedio frente a la detención ilegal art. 17; honor, intimidad, propia imagen, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, con el límite del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad art. 18; libertades de expresión e información, cuyo secuestro de publicaciones solo puede acordarse en virtud de resolución judicial art. 20; reunión, asociación, participación y acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad art. s. 21 a 23; tutela judicial efectiva y presunción de inocencia art. 24; principio de legalidad penal, con la prohibición de que la Administración civil imponga sanciones que impliquen privación de libertad art. 25; educación, sindicación, huelga y petición art. s. 27 a 29.

Los principios rectores del capítulo III (artículos 39 a 52) incluyen la protección de la familia, la seguridad social, la protección de la salud —donde se apoya toda la organización sanitaria— art. 43, el medio ambiente, la vivienda o la atención a las personas mayores.

Las garantías están en el capítulo IV. El artículo 53 distingue tres niveles: los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley que respete su contenido esencial pueden regularse; los de la sección 1.ª más el artículo 14 y la objeción de conciencia disponen del procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; y los principios rectores informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen art. 53. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del título I art. 54, y el artículo 55 regula la suspensión de derechos: general, al declararse el estado de excepción o de sitio, e individual para personas determinadas en relación con investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas art. 55.

La Corona

El título II define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales art. 56. La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, con preferencia de la línea anterior a las posteriores y, en la misma línea, del grado más próximo art. 57. El artículo 62 enumera sus funciones: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, convocar elecciones y referéndum, proponer el candidato a Presidente del Gobierno, expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales art. 62. Los actos del Rey están siempre refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; de ellos responden las personas que los refrendan y, sin refrendo, carecen de validez art. s. 64 y 65.

Las Cortes Generales

Las Cortes Generales representan al pueblo español, están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno art. 66. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con la provincia como circunscripción art. 68; el Senado es la cámara de representación territorial, con cuatro senadores por provincia elegidos por los votantes y designación autonómica adicional art. 69. Ambas cámaras se eligen por cuatro años.

Los parlamentarios gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad, de modo que durante su mandato solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva art. 71. Las cámaras funcionan en pleno y comisiones, se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones —de septiembre a diciembre y de febrero a junio— y adoptan sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes, con la asistencia de la mayoría de sus miembros art. s. 73 y 79. Existe una Diputación Permanente en cada cámara, con un mínimo de veintiún miembros y representación proporcional de los grupos parlamentarios art. 78.