Test del tema 1 · Auxiliar administrativo/a

El artículo 1.1 dispone que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

El artículo 1.1 declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. La misma fórmula reúne la sujeción de todos a la ley, la legitimación democrática del poder y la cláusula social de intervención de los poderes públicos.

El artículo 2 se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

El artículo 3.1 dispone que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

El artículo 3.3 declara que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

El artículo 4.1 describe la bandera de España formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

El artículo 5 establece que la capital del Estado es la villa de Madrid.

El artículo 6 dispone que los partidos políticos expresan el pluralismo político y son instrumento fundamental para la participación política; su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

El artículo 7, dentro del título preliminar, señala que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, y exige que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos.

El artículo 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El artículo 11.2 dispone que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El apartado 1 remite a la ley la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española.

El artículo 12 establece que los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

El artículo 13.3 establece que quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad.

El artículo 14 proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La cláusula final es abierta, no taxativa.

El artículo 15 reconoce el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral y declara abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

El artículo 16.3 declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y añade que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

El artículo 17.3 dispone que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, y se le garantiza la asistencia de abogado.

El artículo 18.4 establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Es el anclaje constitucional de la protección de datos.

El artículo 20.2 dispone que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y el apartado 5 reserva a la resolución judicial el secuestro de publicaciones y grabaciones.

El artículo 21.1 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa. Solo las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones exigen comunicación previa a la autoridad.

El artículo 22.3 obliga a inscribir en un registro a las asociaciones constituidas al amparo de este artículo, pero a los solos efectos de publicidad. La inscripción no es constitutiva ni supone autorización administrativa.

El artículo 23.1 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

El artículo 24.2 reconoce el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes y a la presunción de inocencia.

El artículo 25.3 establece que la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Es un límite clásico de la potestad sancionadora administrativa.

El artículo 27.7 dispone que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

El artículo 28.1 reconoce el derecho a sindicarse libremente y añade que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.

El artículo 29.2 establece que los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer el derecho de petición solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

El artículo 31.1 obliga a todos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

El artículo 35.2 dispone que la ley regulará un estatuto de los trabajadores. El apartado 1 reconoce el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente.

El artículo 43.3 encomienda a los poderes públicos fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitar la adecuada utilización del ocio. Los apartados 1 y 2 reconocen el derecho a la protección de la salud y la competencia pública para organizar y tutelar la salud pública.

El artículo 53.1 establece que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio, con la tutela del recurso de inconstitucionalidad.

El artículo 53.3 dispone que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios del capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

El artículo 55.2 prevé que una ley orgánica pueda determinar la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

El artículo 56.1 dispone que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

El artículo 57.1 establece que la sucesión seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

El artículo 62.i) atribuye al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. El mismo artículo enumera sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

El artículo 64.1 dispone que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, y el apartado 2 añade que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

El artículo 65.2 dispone que el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. El apartado 1 le atribuye distribuir libremente la cantidad global que reciba de los Presupuestos del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa.

El artículo 66 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español, están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

El artículo 68.2 establece que la circunscripción electoral es la provincia, que las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una por un diputado y que la ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción.

El artículo 69.5 dispone que las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, correspondiendo la designación a la asamblea legislativa.

El artículo 71.1 declara que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. El apartado 2 añade la inmunidad, que impide su detención salvo flagrante delito y su inculpación o procesamiento sin autorización de la cámara.

El artículo 73.1 establece que las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

El artículo 78.1 dispone que en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.

El artículo 79.1 exige para adoptar acuerdos que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros; los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales previstas.