Test del tema 1 · Celador/a

La Constitución establece expresamente que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Así lo dispone el artículo 1.2 de la CE.

El texto constitucional fija de manera expresa cuál es la forma política del Estado español. El artículo 1.3 CE señala que es la Monarquía parlamentaria.

El artículo 9.2 CE impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas. Además, deben remover obstáculos y facilitar la participación ciudadana.

La Constitución prevé que una ley orgánica regule la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales. Así lo establece el artículo 54 CE, atribuyéndole la supervisión de la actividad administrativa.

La Constitución diferencia las leyes orgánicas de las ordinarias por su contenido y por su procedimiento de aprobación. El artículo 81.2 CE exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

La Constitución protege la libertad personal y prevé un mecanismo específico para la detención ilegal. El artículo 17.4 CE ordena regular un procedimiento de habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial.

La Constitución distingue entre reunión general y reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones. En estos casos, el artículo 21.2 CE exige comunicación previa a la autoridad, no autorización previa.

El derecho de asociación goza de una garantía reforzada frente a injerencias de la Administración. El artículo 22.4 CE establece que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

La Ley 40/2015 diferencia cooperación y coordinación. El artículo 140.1.d define la cooperación como la asunción voluntaria de compromisos específicos por dos o más Administraciones en ejercicio de sus competencias.

La promulgación de las leyes autonómicas corresponde al President en su condición de representante ordinario del Estado en la Comunitat Valenciana. Así lo establece el artículo 11 de la Ley 5/1983.

El domicilio es inviolable como manifestación del derecho a la intimidad. Según el artículo 18.2 de la Constitución, solo cabe la entrada o registro con consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

La Constitución protege estas libertades frente a controles previos del poder público. El artículo 20.2 señala que su ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

El derecho de participación política incluye la elección de representantes en condiciones democráticas. El artículo 23.1 de la Constitución indica que han de ser libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

La Constitución prevé una vía específica de tutela reforzada de ciertos derechos fundamentales. El artículo 53.2 establece que, en su caso, podrá recabarse su tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La reforma constitucional ordinaria tiene una mayoría reforzada de partida. El artículo 167.1 dispone que los proyectos de reforma deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

La Constitución reconoce el derecho de asociación y limita el alcance de la inscripción registral. El artículo 22.3 establece que las asociaciones deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

La revisión total o la parcial agravada sigue un procedimiento especialmente reforzado. El artículo 168.1 dispone que, aprobado el principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, se procederá a la disolución inmediata de las Cortes.

La Constitución distingue entre convenios previstos estatutariamente y otros acuerdos de cooperación. El artículo 145.2 establece que, en los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

La libertad ideológica y religiosa incluye una garantía negativa frente a la compulsión. El artículo 16.2 de la Constitución establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

La Constitución admite en supuestos tasados la suspensión individual de determinados derechos, pero con fuertes garantías. El artículo 55.2 exige una ley orgánica y, además, la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.

El artículo 1.1 de la Constitución establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por tanto, esa es la opción correcta conforme al tenor literal del precepto.

El artículo 10.2 de la Constitución dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. No remite con carácter preferente ni a reglamentos ni a la costumbre.

El artículo 18.3 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, especialmente de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Por ello, solo la intervención judicial permite la excepción prevista en el propio precepto.

El artículo 20.1.d) reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La veracidad es, por tanto, el requisito expresamente mencionado por la Constitución.

El artículo 27.4 de la Constitución establece literalmente que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Las demás opciones introducen elementos no contenidos en ese apartado.

El artículo 168.1 prevé que, en los supuestos de revisión total o reforma agravada, se apruebe el principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se produzca la disolución inmediata de las Cortes. Esa es la secuencia constitucional establecida para este procedimiento especial.

El artículo 53.2 establece que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del Capítulo segundo, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La cuestión de inconstitucionalidad no es una vía que promueva directamente la parte como tutela de su derecho.

El artículo 143.3 de la Constitución dispone expresamente que la iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años. Se trata de una limitación temporal clara establecida por el propio precepto.

El artículo 145.2 distingue entre convenios para la gestión y prestación de servicios propios y los demás acuerdos de cooperación. Para estos últimos exige la autorización de las Cortes Generales.

El artículo 17.2 de la Constitución establece que, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Ese es el límite máximo constitucionalmente fijado.

El artículo 55.1 permite suspender determinados derechos en estado de excepción o de sitio, pero exceptúa expresamente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. Por ello, ese contenido no queda suspendido en dicho estado.

El artículo 22.5 de la Constitución prohíbe expresamente las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. No se condiciona su validez a inscripción, ausencia de lucro o autorización previa.

El artículo 4 de la Ley 5/1983 dispone que el President electo comenzará a ejercer sus funciones a partir del día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de su nombramiento por el Rey. Ese momento es el que determina el inicio del ejercicio del cargo.

El texto constitucional define de forma expresa la forma política del Estado español. Lo hace en una fórmula cerrada y literal en el artículo 1.3. Por ello, la respuesta correcta es monarquía parlamentaria.

El artículo 9.3 enumera varios principios garantizados por la Constitución. Entre ellos figura la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esa es precisamente la garantía mencionada en el enunciado.

El artículo 14 proclama la igualdad de los españoles ante la ley. Además, prohíbe que prevalezca discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por eso la primera opción es la correcta.

El artículo 17.3 dispone que toda persona detenida debe ser informada de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. La garantía opera desde la situación de detención, también en diligencias policiales. Por eso la negativa está constitucionalmente amparada.

La Constitución ordena a la ley regular un procedimiento de habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Así lo establece el artículo 17.4. Las demás opciones no aparecen con esa función en el material dado.

El artículo 18.3 garantiza el secreto de las comunicaciones. Solo admite una excepción expresa: la resolución judicial. Ninguna otra autorización figura en el precepto constitucional aportado.

El artículo 19 reconoce el derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley. Añade de forma expresa que este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Por eso la restricción planteada sería contraria al texto constitucional.

El artículo 21.1 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Además, indica que su ejercicio no necesitará autorización previa. Por ello, la exigencia constitucional básica es la de ser pacífica y sin armas.

El artículo 23.2 reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Añade que ello se hará con los requisitos que señalen las leyes. Esa es la formulación exacta del precepto.

El artículo 24.1 reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión. Si se impide una defensa adecuada, la situación encaja en esa garantía. El precepto constitucional lo formula de manera expresa.

El artículo 27.4 establece de forma literal el carácter de la enseñanza básica. Indica que es obligatoria y gratuita. No añade en ese apartado los demás calificativos ofrecidos en las opciones incorrectas.

El artículo 28.2 reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Añade que la ley que lo regule establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Esa es la garantía constitucionalmente exigida.