Test del tema 1 · Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería

El artículo 1.1 establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La jerarquía, la legalidad y la publicidad son principios garantizados por el artículo 9.3, no valores superiores.

El artículo 1.2 dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El apartado 3 añade que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El artículo 3.1 declara el castellano lengua española oficial del Estado, con el deber de conocerla y el derecho a usarla, y el artículo 3.2 añade que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las modalidades lingüísticas es objeto de especial respeto y protección.

El artículo 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La irretroactividad es la regla, no la retroactividad.

El artículo 10.2 ordena interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El apartado 1 sitúa la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social.

El artículo 14 dispone que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La enumeración termina con una cláusula abierta, de modo que no es una lista cerrada.

El artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes y declara abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Esa salvedad militar es la única excepción prevista en el texto constitucional.

El artículo 16.2 dispone que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El apartado 1 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto con el único límite del mantenimiento del orden público protegido por la ley, y el apartado 3 aclara que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

El artículo 17.2 señala que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

El artículo 18.2 declara inviolable el domicilio y precisa que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El mismo artículo garantiza el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen y el secreto de las comunicaciones.

El artículo 20.5 dispone que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. El mismo artículo reconoce la libertad de expresión, la producción literaria y científica, la libertad de cátedra y el derecho a comunicar o recibir información veraz.

El artículo 23.1 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. El apartado 2 añade el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

El artículo 24.1 reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El apartado 2 añade las garantías del proceso, entre ellas la presunción de inocencia.

El artículo 25.2 dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El apartado 1 recoge el principio de legalidad penal y sancionadora.

El artículo 27.4 establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. El mismo artículo reconoce el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones.

El artículo 28.2 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y remite a la ley que regule su ejercicio, que establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Por eso en los centros sanitarios se fijan servicios mínimos.

El artículo 29.1 reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados solo pueden ejercerlo individualmente.

El artículo 35.1 dispone que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo. El apartado 2 remite a la ley el estatuto de los trabajadores.

El artículo 41 obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y añade que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

El artículo 43.2 establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. El apartado 3 añade el fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte.

El artículo 53.3 dispone que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

El artículo 53.2 permite recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30.

El artículo 54 remite a una ley orgánica la regulación de la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título I, pudiendo supervisar la actividad de la Administración y dando cuenta a las Cortes Generales.

El artículo 55.1 permite suspender determinados derechos, entre ellos la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. El estado de alarma no habilita esa suspensión general de derechos.

El artículo 56.1 dispone que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

El artículo 66.1 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno.

El artículo 68.1 dispone que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia.

El artículo 69.2 establece que en cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El Senado es la Cámara de representación territorial y en las provincias insulares el régimen es distinto.

El artículo 87.1 atribuye la iniciativa legislativa al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las asambleas de las comunidades autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir una proposición de ley a la Mesa del Congreso, y una ley orgánica regula la iniciativa popular.

El artículo 93 dispone que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es el precepto que sirvió de base a la integración de España en las Comunidades Europeas.

El artículo 103.1 establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

El artículo 116.2 dispone que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado.

El artículo 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, y añade que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

El artículo 159.1 establece que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

El artículo 162.1.a legitima para el recurso de inconstitucionalidad al Presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a 50 diputados, a 50 senadores, a los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, a sus asambleas. La legitimación abierta a cualquier persona con interés legítimo corresponde al recurso de amparo.

El artículo 168 impone el procedimiento agravado: aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por mayoría de dos tercios de ambas y sometimiento a referéndum para su ratificación.

El artículo 169 impide iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116, esto es, alarma, excepción y sitio.

La Ley de Gobierno Valenciano atribuye al Presidente de la Generalitat, que lo es también del Consell, la dirección y coordinación de la acción del Consell, la más alta representación de la Generalitat y la representación ordinaria del Estado en la Comunitat.

Conforme a la Ley de Gobierno Valenciano, resulta elegido Presidente de la Generalitat el candidato que hubiera obtenido la mayoría absoluta en la primera votación; si ninguno la alcanza, se procede a una segunda votación en la que basta la mayoría simple.